En su libro, “La primera revuelta fiscal de la historia. La 125 y el conflicto con el campo”, el politólogo Sergio Berensztein (junto con la doctora en Management María Elisa Peirano), describe que, a través de la radicalización de las medidas agropecuarias, el Gobierno nacional buscó la manera más directa para financiar el gasto público, aunque esa postura ha significado el nacimiento de un movimiento de resistencia social y rural que derivó en un conflicto que acabó con aquella medida. Al menos, la postergó y la edulcoró en el tiempo. Trece años más tarde, la historia parece repetirse, teniendo a Cristina Fernández de Kirchner también como protagonista de la novela.

Si bien ella cambió su rol de presidenta a vicepresidenta de la Nación, su impronta está escrita en la atmósfera de la gestión del actual jefe de Estado, Alberto Fernández. El Gobierno necesita dinero sonante y constante en este año electoral, más aun cuando aún no está cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y cuando el país se expone a un probable default por los U$S 2.400 millones que le adeuda al Club de París.

Con la soja en U$S 580 en los mercados internacionales, el complejo exportador de granos y derivados industriales dejará este año al país alrededor de U$S 36.000 millones, lo que implica un crecimiento de U$S 9.600 millones respecto de lo previsto originalmente. A la vez, sube el aporte en concepto de Derechos de Exportación asociados a estos productos; la contribución al Tesoro nacional podría llegar a U$S 8.600 millones, con loque crece en U$S 2.800 millones respecto de 2020, de acuerdo con los cálculos de la Fundación Mediterránea. En una perspectiva de 12 meses se advierte la fuerte mejora en las cotizaciones: el año pasado en la misma fecha los valores estaban en U$S 330 - U$S 350, por tonelada, según mercados, lo que indica un crecimiento interanual del 70%, sostiene el economista Juan Manuel Garzón. En maíz, el segundo grano en relevancia para la Argentina, la presión alcista ha sido aún mayor; el cereal cotiza actualmente cerca de los U$S 300 la tonelada (y más en algunos mercados), duplicando su valor de un año al otro. Ayer, la cotización del maíz había cerrado en alza, a U$S 259,54 la tonelada. La pandemia ha favorecido a las commodities. Falta materia prima, pero la demanda es creciente, particularmente por el lado de China, que viene creciendo a razón del 7% mensual en su actividad económica. En Estados Unidos falta agua y eso lleva a que la cosecha no sea tan buena como la proyectada originalmente. Por el lado del maíz, Brasil tampoco registra el nivel de cosecha esperado y eso alienta las ventas externas de la Argentina. Pese a ello, 2020 había cerrado con un sacudón oficial: el cierre de las exportaciones del maíz con el fin de garantizar el abastecimiento de esa materia prima a la producción animal. Como la 125, la medida fue de corta duración, tan sólo de dos semanas.

El conflicto se trasladó ahora hacia el sector ganadero. El Gobierno ha decidido cerrar, por 30 días, las exportaciones de carne vacuna y eso ha causado la reacción de toda la cadena de comercialización de la actividad. Las bolsas de Cereales y de Comercio de gran parte del país consideran que se trata de una medida distorsiva, que afecta gravemente al sector, y que constituye una señal negativa sobre la posible reiteración de políticas que en la historia reciente de nuestro país han significado retrocesos productivos muy difíciles de recuperar. “La producción de carne bovina demanda un ciclo de alrededor de tres años, por lo que resulta imprescindible contar con reglas de juego claras y estables en el tiempo que incentiven la inversión y promuevan su desarrollo”, advierten los referentes del sector. En los últimos días, la Casa Rosada renovó el Plan de Precios Populares, que con 6.000 toneladas mensuales se distribuyó a través de supermercados y el Mercado Central. Sin embargo, nada garantiza que esos cortes cárnicos lleguen a la mesa de los argentinos.

La cuestión tributaria es otro duro escollo que el Estado le pone al sector privado. Del precio de la carne que paga el consumidor un 28% son impuestos, de acuerdo con los datos de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) en su último informe semestral sobre “Composición de Precios”.

Específicamente para la carne, los cálculos muestran que es el producto más afectado por la carga impositiva, ya que de los $ 531 de precio medio por kilogramo, $ 149 corresponden a impuestos. En tanto que la cría ganadera representa $ 158, el 30%; para el engorde significa $ 141 pesos (27%); el paso por el frigorífico supone un 6% y la carnicería el 9% ($ 47). El maíz representa el 15% del precio del novillo y 11% del kilo de carne al mostrador. Dentro de poco, a nadie deberá sorprender que el precio final de la carne se acerque a los $ 1.000, una misma senda que puede recorrer el precio del litro de nafta súper, si se cumplen los anuncios formulados por la petrolera estatal YPF.

La Mesa de Enlace anunció que, a partir de mañana, habrá un cese de comercialización en todas las categorías de hacienda que se extenderá hasta el viernes 28 de este mes. Será el comienzo de un plan de lucha que puede extenderse en el tiempo. Los enfrentamientos con los agentes económicos y con una franja de la sociedad no son buenas referencias para la imagen de una gestión que viene con cifras en baja. La Argentina, en este contexto, está lejos de sembrar la semilla del crecimiento sostenido. Más bien, está condenada a repetir los errores del pasado.